3 de julio de 2016

CAZA – Los ecologistas afirman que la regulación cinegética en Castilla y León para 2016-2017 es contraria al aprovechamiento sostenible de las especies y a la participación ciudadana

@deportesavila / El jueves 30 de junio se ha publicado en el BOCYL la Orden de Caza de Castilla y León para la temporada 2016-2017. Esta norma se promulga con una periodicidad anual obviando que uno de sus principales objetivos debería ser el ajustar las fechas y condiciones de caza al estado y fenología de las poblaciones cinegéticas de la temporada, que en general viene definido por la climatología y otros variables ambiéntales.

Desde hace años las organizaciones ecologistas vienen reivindicando que la época de caza de las especies de aves, especialmente de las migratorias y de acuerdo a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, se ajuste al estado de las poblaciones y a la variación interanual de su época de reproducción. Reivindicación que han llevado a los tribunales y que está pendiente de resolución. Pues bien -dicen los ecologistas-, haya hecho frío o calor, se haya cosechado antes o después y sin ningún criterio biológico, un año más la Junta de Castilla y León vuelve a poner como fecha de inicio de caza de la codorniz el día 15 de agosto (Día de la Virgen) siguiendo la tradición y olvidando los amplios conocimientos científicos y técnicos que ahora se tienen.

Como referencia más esclarecedora de la crítica se encuentra el dato que en la temporada 2012-2013, (que fue el año más seco en tres siglos), “el número máximo de piezas a cobrar por cazador y día se fijó para la codorniz en 35 y para la tórtola común en 8”, y en el año 2016-2017 el cupo “… para la codorniz en 30 y para la tórtola común en 8”, tal y como queda registrado en las respectivas ordenes de vedas.

En cualquier caso, cupos ilusorios que de conseguirse por una mínima parte de los cazadores se llevaría a la extinción a las menguantes poblaciones de estas aves migratoria. Esta contradicción entre norma y realidad es posible porque la administración y el sector cinegético hacen prevalecer los intereses económicos; siendo los máximos perjudicados el medioambiente, la sociedad y también los cazadores, que como ellos mismos reconocen cada año cazan menos codornices y tórtolas. Pero los cupos se mantienen.

Estas cuestiones han sido señaladas por las organizaciones ecologistas en la última Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, del pasado 22 de junio. Comisión que podría ser declarada nula tras una sentencia del TSJCYL. En este espacio de supuesta participación, el dialogo y la posibilidad de exponer y argumentar propuestas es muy complicado, por muy fundadas y razonables que sean ya que la administración suele imponer su criterio pues la amplia mayoría de las personas partiipantes son representantes de la misma.

Este funcionamiento de una Comisión del Consejo Regional de Medioambiente de CyL ejemplariza las razones que han motivado que la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CyL (Sentencia 599/2016) (1) anulase el Decreto 2/2015 que creaba y regulaba el Consejo. Siendo este Decreto nulo, el Consejo Regional de Medioambiente carece de valor jurídico, razón que debería llevar la anulación de la actual Orden de caza, (una más) ya que su texto dice “De conformidad con lo previsto... composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Caza de Castilla y León y en el Decreto 2/2015, de 8 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León...).

En la Comisión de Caza, la Junta de Castilla y León expuso que su personal estaba realizando estudios y seguimiento de las poblaciones cinegéticas. Algo positivo que las organizaciones ecologistas venimos reivindicando desde hace años como elemento necesario para conseguir que la caza sea una actividad sostenible. Por ello Ecologistas en Acción recurrió judicialmente el Decreto 32/2015 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, cuyo antecedente (Decreto 65/2011) (2) ya anuló el TSJ de CyL.

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